Nuevas iniciativas buscan regular el acceso extranjero al mercado inmobiliario 

La compra estaría restringida a personas con residencia permanente o que lleven 5 años en el lugar. 

¿Puede una ciudad seguir siendo hogar cuando la vivienda se convierte en inversión? 

En Catalunya y especialmente en Barcelona, la vivienda hace tiempo que dejó de ser solo hogar. En muchas calles, lo que antes era vida de barrio ha dado paso a una realidad marcada por apartamentos vacacionales, bloques comprados al por mayor, y precios imposibles para la gente que realmente vive allí.

Frente a esta situación, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) quiere abrir un nuevo debate: ¿Tiene sentido que cualquiera pueda comprar una vivienda, incluso si no vive aquí ni tiene intención de hacerlo? Su propuesta, que llegará al Parlament en los próximos días, plantea precisamente eso: poner límites a la compra de viviendas por parte de extranjeros que no tengan un arraigo real en el territorio. 

La idea no es nueva, pero sí contundente: permitir que solo puedan adquirir inmuebles aquellas personas extranjeras que cuenten con residencia permanente en España, o que hayan vivido al menos cinco años en la comunidad donde quieren comprar. Además buscan cortar el paso a quienes sólo ven en la vivienda una oportunidad de negocio, restringiendo tanto la compraventa con fines comerciales como la obtención de licencias para pisos turísticos por parte de extranjeros. 

Para ERC, se trata de algo más que una cuestión económica. Es una forma de proteger el tejido social de los barrios, de garantizar que quienes viven en un lugar puedan seguir haciéndolo sin ser expulsados por la presión del mercado. “Queremos compromiso con el territorio”, insisten, y eso implica también poner freno a la especulación. 

Aunque otras regiones como Baleares, Canarias o la Comunidad Valenciana concentran una mayor actividad de compra por parte de extranjeros, Cataluña no es ajena al fenómeno. Zonas como Girona, Tarragona, o incluso barrios de Barcelona han visto cómo la inversión internacional transforma el mercado y encarece los precios. 

Este tipo de medidas ya empezaron a tomar forma a principios de año, cuando el Gobierno español propuso subir los impuestos a compradores no residentes, especialmente si eran de fuera de la Unión Europea. La línea común es clara: proteger el acceso a la vivienda para quienes viven y trabajan aquí.